Andema insta a todos los candidatos a las elecciones municipales a trabajar por ciudades libres de top manta

De cara a la próxima cita con las urnas del 26 de mayo

 

  • La venta de falsificaciones es una actividad ilegal gestionada por mafias que controlan a los manteros, que compiten de forma desleal con el comercio local.

 

Madrid, 17 de mayo de 2019.- Andema, la Asociación para la Defensa de la Marca, reclama a los distintos partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales que, una vez sean elegidos en sus respectivos ayuntamientos, lleven a cabo acciones proactivas y contundentes para tratar de terminar con la venta de productos falsificados en las calles de las ciudades españolas.

Para Andema, que representa a 71 empresas de diferentes sectores económicos, es fundamental que todos los partidos políticos, sin excepción, sean conscientes de la lacra que supone la venta de falsificaciones en sus calles y de los grandes perjuicios que provoca esta actividad en el comercio local, en la economía, en el empleo y, por supuesto, en el bienestar del consumidor.

Según datos de la EUIPO, las pérdidas anuales de las empresas españolas de sólo 13 sectores afectados por la competencia desleal de la venta de falsificaciones se elevan a 6.175 millones de euros. Además, se pierden cada año 40.121 puestos de trabajo en esos mismos sectores como consecuencia del top manta.

De acuerdo con Jose Antonio Moreno, director general de Andema, “futuros alcaldes de los municipios españoles deben abordar la venta ilegal de falsificaciones en el top manta y mercadillos como lo que es: una actividad ilegal controlada por bandas organizadas, que instalan focos de economía sumergida en las principales calles de nuestras ciudades, ocupando ilegalmente el espacio público, que es de todos”.

Las calles de ciudades con gran flujo turístico como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, o localidades de la zona costera -especialmente cuando empieza el buen tiempo-, son un hervidero de vendedores de artículos falsos que compiten de forma desleal con los comercios legales, no pagan impuestos e incluso pueden interferir en la seguridad de los transeúntes en un caso de emergencia.

Según Moreno, “la legislatura pasada fue un ejemplo de lo que no tienen que hacer ciertos ayuntamientos: dar la espalda a los comerciantes y a las marcas y ponerse del lado de los manteros, por una supuesta consideración social del problema, que debe abordarse con medidas sociales, no permitiendo la comisión de infracciones administrativas y delitos. Esta dejación de competencias de actuación policial desalienta al comercio y a las marcas, espanta inversiones y genera una imagen de ciudad y de país muy alejada de la que deberíamos dar a los turistas que nos visitan”.