Andema y la Audiencia Provincial de Gerona debaten sobre el fenómeno de las falsificaciones

  • En el encuentro han participado jueces y fiscales, titulares de marcas, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Agencia Estatal de Administrativa Tributaria, los Mossos d´Esquadra, el Ayuntamiento de La Jonquera y la Asociación de Comerciantes de la zona.
  • El comercio ilícito en España supone la pérdida de 7.659 millones de euros en ventas directas y la destrucción de 67.405 empleos directos.
  • Los comerciantes de la zona llevan años denunciando la situación de la Jonquera y Els Limits, uno de los puntos más importantes de venta de falsificaciones en España y por el que nuestro país ha entrado de nuevo en la lista negra conocida como Notorious Markets del Gobierno norteamericano que incluye los mercados físicos y digitales que se considera que participan en la piratería y falsificación.

Gerona, 5 de abril de 2018.- La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y la Audiencia Provincial de Gerona han organizado hoy en La Jonquera una jornada con el objetivo de abordar, desde distintos puntos de vista, el problema que supone la venta y distribución de falsificaciones, cómo se deben tratar este tipo de delitos y qué aspectos jurídicos y prácticos han de tenerse en cuenta para terminar con esta lacra.

Para Fernando Lacaba, presidente de Audiencia Provincial de Gerona, esta cita quiere ser “un punto de inflexión que suponga un antes y un después en la percepción que tienen los jueces y magistrados en relación con el fenómeno de las falsificaciones y del impacto que  tienen en la economía y en la sociedad”. 

La entrada este año del mercado de Els Limits de La Jonquera (Gerona) en la lista Notorious Markets del gobierno norteamericano, que contiene los mercados físicos y digitales que se considera que participan y facilitan la piratería de derechos de autor y la falsificación de marcas, es uno de los temas clave del encuentro. España no aparecía en esta lista desde 2014, año en el que se incluyó el mercado de A Pedra en Vigo y en el que se cerró dicho mercado. La inclusión de nuestro país en esta lista conlleva consecuencias negativas en el comercio con Estados Unidos.

Sònia Martínez Juli, alcaldesa de La Jonquera, ha lamentado que estas prácticas estén “malmetiendo el nombre de la Jonquera” y ha destacado que “el principal damnificado es nuestro tejido comercial local, que en muchas ocasiones es susceptible de sufrir engaños y estafas y además se ve claramente perjudicado por esta competencia desleal”. Y en relación al trabajo que está llevando a cabo el Ayuntamiento, ha citado “la estrecha colaboración con los cuerpos policiales, realizando inspecciones periódicas y atendiendo las demandas de los comercios”. “Con todo”, concluye la alcaldesa, “hay muchas cosas que escapan a nuestras posibilidades y competencias como Ayuntamiento”. 

Según Rosa Tous, presidenta de ANDEMA, “el esfuerzo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria por acabar con esta lacra ha sido admirable. Pero el levantamiento de las medidas cautelares de cierre de establecimientos tras la “Operación Pinar”, llevada a cabo en 2016, en la que 71 personas fueron detenidas y 264.980 productos fueron incautados, hace imposible terminar con este problema que afecta a la economía y al empleo de la zona, como han manifestado en varias ocasiones los comerciantes”.

De acuerdo con Mónica Dopico, encargada de este tipo de delitos en la Brigada Central del Cuerpo Nacional de Policía, “el principal inconveniente es que no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de las falsificaciones. Es una vergüenza que después de que el mercado de A Pedra fuera incluido en la lista negra de 2013 y se lograra su cierre consecuencia de la venta de falsificaciones, España esté de nuevo en este informe”.

En representación de las marcas, ha asistido a la jornada el vicepresidente de ANDEMA, Salvador Orlando, quien destaca que “la venta y distribución de productos ilícitos atenta gravemente contra el comercio y el empleo en España. Considerando los 12 sectores más afectados por vulneraciones de derechos de propiedad industrial, se produce una pérdida de ventas directas que asciende a los 7.659 millones de euros y se destruyen 67.405 empleos directos.”